Clara Ruizcorta vive del cultivo de las abejas, con las que produce miel en una tierra en la que además tiene una red de explotaciones agroalimentarias, y su lamento es ensordecedor: “Lo perdimos. El fuego se llevó más de veinte años de nuestra vida y a Dios gracias que estamos vivos”. 

Su tierra, en el corazón de uno de los incendios más agudos en España, se volvió en menos de una semana en cenizas y madera chamuscada. Y el drama crece sin control en todo el país, en donde ya se calcula que el saldo de la devastación asciende a 190 mil hectáreas arrasadas, el peor dato desde hace 25 años, y que muchos atribuyen, incluido el gobierno español, al cambio climático y a sus efectos devastadores en el medio ambiente. 

España arde por los cuatro costados. Es uno de los países europeos, junto con Francia, Portugal e Italia, con el mayor número de incendios forestales activos. El saldo provisional ya vaticina un año histórico, quizá el peor del último cuarto de siglo y con el agravante de que además ya han fallecido dos personas en la lucha contra la extinción del fuego. 

De Madrid a Galicia, de Castilla y León a Murcia, de Andalucía a Cataluña o de Extremadura al País Vasco, en todo el país hay al menos una constante: una estela de humo que ennegrece todo el cielo, que emana el mismo olor a tierra quemada y que genera desolación, muerte y destrucción allá donde pasa. 

Sólo en España, uno de los países donde se han registrado las temperaturas más altas en las últimas décadas, se calcula que el fuego ya ha arrasado más de 190 mil hectáreas en un total de mil 785 incendios, según los datos de la Asociación Española de Meteorología y el Tiempo (AEMT). 

Y en Europa se calcula que el total de tierra arrasada por los incendios forestales ya supera los 520 mil hectáreas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), lo que superaría los registros del año pasado, en el que sólo hubo una ola de grandes incendios en toda la región, pero sobre todo en Italia y Grecia, en los que se arrasaron un total de 470 mil hectáreas. 

De hecho si la tendencia se mantiene, el EFFIS vaticina que este año se registrarán los peores incendios de la historia y superará en los anales a los de 2017, en el que hubo un total de 988 mil hectáreas destruidas, lo que representa en un símil territorial al total de la geografía de un país como Líbano.

Uno de esos incendios, en un pequeño pueblo de la sierra del parque natural de Monfragüe, en la provincia de Cáceres y donde crecen a diario en sus dehesas (terrenos extensos y acotados dedicados al pasto de ganado) centenares de miles de cerdos ibéricos y toda la fauna y la flora que se cultiva en este país, es también donde tenía Clara Ruizcorta sus abejas. “Habíamos invertido decenas de miles de euros, muchos años de trabajo sin descanso y todos nuestros sueños estaban depositados ahí. Y de un día para otro está quemado, no hay vida y nosotros no sabemos ya ni qué hacer ni a dónde ir a pedir ayuda”.

En uno de los viajes del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a la zona del desastre su balance fue nítido y responsabilizó de todo al “cambio climático”: “Quiero trasladar una evidencia: el cambio climático mata. Mata personas, mata nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios, sus casas, sus negocios o su ganado”, aseguró.

Los ganaderos, los criadores de pequeños comercios como el de Clara o los agricultores de las regiones afectadas, que también señalan como detonante de la tragedia colectiva a las altas temperaturas, advierten que ha habido una serie de fallos anunciados, que ellos mismos denunciaron y que nadie les escuchó, sobre todo las autoridades comunitarias de Extremadura, Castilla y León y Cataluña. 

El ex presidente Donald Trump está bajo investigación criminal por presuntas violaciones de la Ley de Espionaje y por obstrucción de la justicia, reveló la orden judicial que autorizó el cateo de su residencia en Florida el lunes.

Según el recibo oficial de materiales confiscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la revisión de la mansión de Trump, que, junto con la orden judicial de allanamiento, fueron hechos públicos primero en filtraciones a medios y después por un juez federal, se encontraban documentos marcados “ultrasecretos”, “secreto” y “confidencial”.

Los agentes tomaron posesión de un total de 11 series de documentos, donde, además de materiales altamente clasificados, también había archivos relacionados al indulto presidencial de Roger Stone, socio de Trump, material relacionado con el presidente francés, Emmanuel Macron, y fotografías. No se ofreció mayor detalle.

La orden de inspección al ambiente privado del ex mandatario republicano y sus anexos hechos públicos ayer revelaron que la operación de la FBI se realizó porque el Departamento de Justicia tiene evidencia de lo que se llama “causa probable” contra Trump de presuntos delitos relacionados con la Ley de Espionaje de 1917, la cual prohíbe la posesión no autorizada de información oficial que podría “dañar” a Estados Unidos o ser útil a sus adversarios. También gira en torno a potenciales violaciones a otras dos leyes federales que califican de delito ocultar o destruir documentos para obstaculizar una pesquisa jurídica y de retirar de manera indebida documentos oficiales.

La noche del jueves, el ex mandatario declaró que no se opondría a la divulgación pública de la orden de cateo ni la lista de materiales confiscados, pretendiendo ser campeón de la transparencia, y reiteró este viernes que él estaba más que dispuesto a cumplir con cualquier solicitud para entregar los expedientes a las autoridades, y que era innecesaria la operación de la FBI. No mencionó que él tenía la capacidad de divulgar la orden y la lista desde el lunes.

En un comunicado ayer, Trump no sólo subrayó que no se ameritaba el cateo, sino que todos los documentos ya habían sido desclasificados. Esto ya es eje de otro debate, ya que los presidentes tienen la autoridad de desclasificar documentos. Sin embargo, algunos señalan que no puede hacerlo con todos, especialmente con aquellos con la más alta clasificación, mientras otros preguntan cuándo y cómo desclasificó, si es cierto, los que fueron confiscados en la irrupción a su residencia. Más aún, bajo la Ley de Espionaje podría ser irrelevante, ya que no define si los documentos que protege son o no clasificados.

Y como es su costumbre, en el mismo boletín informativo atacó a otros, en este caso su antecesor, declarando que “el problema mayor es, ¿que harán con las 33 millones de páginas de documentos, muchos de los cuales son clasificados, que el presidente (Barack) Obama se llevó a Chicago?”

También, como suele ser el caso con sus declaraciones, esta acusación es falsa: la administración de los Archivos Nacionales, depositario de documentos oficiales presidenciales, confirmó a The New York Times que Obama no se quedó con ninguno de sus documentos, tal como se establece la ley.