Millones de dólares de subvenciones directas

Es clave recordar que estas empresas han recibido millones de dólares de subvenciones directas para la I+D de la vacuna o en contratos de suministro por parte de la UE y EE. UU.

EE.UU., la Unión Europea y el Reino Unido se oponen a la propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual y patentes de la vacuna contra el Covid-19. Dicha propuesta fue presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en octubre de 2020 por Sudáfrica y la India, a la cual ya se han sumado más de 100 países. Consiste en eliminar las barreras de la propiedad intelectual de manera que las empresas transfieran su tecnología y conocimiento a otras plantas productoras para fabricar masivamente todas las dosis que se requieren y así inmunizar lo más rápido posible a la población mundial. Capacidad de producción con la que se cuenta según Tedros Adhanom, director de la OMS.

El Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual y del Comercio (ADPIC) suscrito por los países miembros de la OMC no es otra cosa sino la creación legal de monopolios en la medida en que conceden a los capitales la exclusividad, por años, de la producción y comercialización de un bien. El argumento que esgrimen es que las patentes son la única garantía para incentivar la inversión en investigación y desarrollo.

Con el chantaje del incentivo, lo que realmente otorgan a las empresas farmacéuticas es el poder de decidir quién vive y quién muere, además de decidir de qué viviremos y de qué moriremos. Son estas las que elaboran la agenda de las investigaciones siguiendo el criterio de lo que les es más rentable.

Siguiendo a Curcio (2020), el financiamiento para la investigación ni siquiera proviene de la propia industria privada farmacéutica. Son los gobiernos los que históricamente han facilitado los recursos financieros y es en las universidades e instituciones principalmente públicas que se han desarrollado las investigaciones que luego han sido apropiadas por las farmacéuticas. De los US$13.900 millones que se han destinado a la investigación de la vacuna contra el Covid-19, los gobiernos han proporcionado US$8.600 millones, las organizaciones sin fines de lucro US$1.900 millones, mientras que solo US$3.400 millones los han puesto las empresas farmacéuticas privadas, apenas el 25 por ciento. A esto debemos sumar el mercado seguro que tiene la vacuna, de hecho, para diciembre de 2020 los gobiernos de los países llamados desarrollados habían preencargado 10.380 millones de dosis.

Financiamiento completamente público 

La empresa farmacéutica estadounidense Moderna desarrolló la vacuna contra el Covid-19 con financiamiento completamente público, recibió US$562 millones. Le fueron preencargadas 780 millones de dosis a un precio que ronda en promedio los US$31 por dosis, lo que le genera ingresos por el orden de US$24.000 millones. Saquen ustedes las cuentas de la ganancia de esta empresa.

Pfizer/BioNtech, recibió US$268 millones del gobierno, alrededor del 66 por ciento de lo que destinó a la investigación. Le fueron preencargadas 1.280 millones de dosis que a un precio promedio de US$18,5 por dosis equivalen a ingresos por el orden de US$23.680 millones. A Astrazeneca/Oxford de capital inglés, le preencargaron 3.290 millones de dosis, las cuales vende a un precio de US$6 por dosis, obtendrá US$ 19.740 millones por ingresos, pero el 67 por ciento de los US$2.200 millones que dedicó a la investigación fueron públicos. A Jhonson&Jhonson le encargaron 1.270 millones de vacunas que vende a US$10 por dosis lo que le generará un ingreso de US$12.700 millones habiendo realizado una inversión de US$819 millones con financiamiento 100 por ciento público.

Los precios de las vacunas oscilan entre US$4 y US$37 por dosis: Sputnik-V, US$10; Sanofi/GSK entre US$10 y US$21; Novavax 16; Moderna entre 25 y 37; Sinovac entre US$13 y US$29, además de las ya mencionadas.

Un negocio redondo

La vacuna contra el Covid-19 es un negocio redondo, al parecer es el mejor de estos tiempos: la inversión para la investigación la asumieron los gobiernos que dieron los recursos a las empresas farmacéuticas privadas; tienen el mercado garantizado porque los mismos gobiernos preencargaron las vacunas a las empresas que financiaron; toda la ganancia va a parar a las empresas farmacéuticas en su mayoría privadas que además son las que, gracias al monopolio otorgado por los mismos gobiernos a través del ADPIC, tienen la exclusividad de producción y comercialización por años.

Esta restricción del acceso a la vacuna, consecuencia de las patentes, ocurre mientras 500 mil personas se contagian y 8.000 fallecen a diario a causa de esta enfermedad. ¿Es ésta, o no, la muestra más inhumana del capitalismo?

De acuerdo a Oxfam (2021), mientras los países con mayores ingresos vacunan a una persona por segundo, la mayoría de los países aún no han puesto ni una sola dosis. De los 128 millones de dosis de vacunas administradas hasta la fecha, más de tres cuartas partes se han aplicado en tan solo 10 países que representan el 60 por ciento del PIB mundial. Casi 130 países, con 2500 millones de habitantes, todavía no han iniciado la vacunación. Se estima que, a mediados de 2021, tan solo se habría vacunado a un 3 por ciento de la población de los países con menores recursos, y en el mejor de los casos, a una quinta parte, para finales de aquel año, lo que a su vez retardaría la recuperación no solo económica de esos países, sino de las condiciones de vida de su población. EEUU. ha recibido el 25 por ciento de todas las vacunas disponibles a nivel mundial y la Unión Europea el 12,6 por ciento.

Es tan grande la desfachatez de EE.UU., la Unión Europea y el Reino Unido que para privilegiar a sus capitales farmacéuticos se niegan a la exención de las patentes a pesar de que, en el propio seno de la OMC, en 2001 acordaron flexibilizar los derechos de propiedad intelectual en caso de emergencias de salud pública: “Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.”

Un juego mortal

Los gobiernos de los Estados centrales del mundo se han embarcado en este juego mortal. Al haber financiado en gran medida el desarrollo de las vacunas también fueron los primeros en poder administrarlas a sus poblaciones, en la medida en que éstas quisieran vacunarse. Los primeros y por el momento los únicos. En efecto, a pesar de sus compromisos regularmente renovados en el sentido contrario, su contribución a la puesta a disposición de las vacunas para las poblaciones de la periferia mundial a través del sistema Covax, creado por la OMS en colaboración con la ONG Gavi, ha sido hasta ahora notoriamente insuficiente, hasta el punto de que la vacunación sigue siendo prácticamente inexistente: «la vacunación sigue siendo, por el momento, un privilegio de los países ricos. Una cuarta parte de los 2.295 millones de dosis administradas en todo el mundo lo han sido en los países del G7, que solo concentran el 10% de la población mundial. Sólo el 0,3% fue administrado en los países de bajos ingresos”, según la OMS. «Al ritmo actual de inmunización, los países de bajos ingresos tardarían cincuenta y siete años en alcanzar el mismo nivel de protección que los países del G7», subrayó por su parte Oxfam.

Evidentemente, este apartheid sanitario mundial obedece a razones de peso. La primera es la financiera. Las vacunas son caras y las finanzas públicas de estos países, ya minadas por las políticas presupuestarias neoliberales aplicadas en las últimas cuatro décadas, han sido erosionadas aún más por las medidas de apoyo financiero necesarias debido a la pandemia. Queda la posibilidad de obligar a los grupos farmacéuticos que producen las vacunas a suministrarlas a un costo mucho menor. No faltarían argumentos a favor de esta solución: además del estado de necesidad en que se encuentra la población mundial, los Estados centrales podrían argumentar que financiaron en gran medida el desarrollo de esas vacunas, para suspender o anular las patentes que actualmente permiten a los grupos farmacéuticos obtener cuantiosos beneficios. Pero las pocas voces que se han alzado al respecto han provocado una unánime réplica indignada de Johnson, Macron, Merkel y otros: ¡los contratos deben ser y serán cumplidos! Es una forma de reafirmar su apego al sacrosanto principio de que, si los costos se socializan, las ganancias solo pueden privatizarse. Esto le agrega una nueva contradicción a las anteriores: si la salud es un bien público y un derecho, este hoy se encuentra en manos de intereses privados que, al menos en parte, pueden ponerlo en peligro.