Sospechoso de evasión de impuestos y objetivo de una representación de la Fiscalía (MP) pidiendo que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) declarar la indisponibilidad de sus bienes, Sergio Moro (Podemos) utiliza una antigua estrategia política: atacó al acusador, el Subprocurador Lucas Rocha Furtado, autor de la acción.

En contestación firmada por sus abogados - entre ellos, Gustavo Guedes, ex defensor de Michel Temer (MDB) -, el ex ministro de Jair Bolsonaro (PL) dice que "el último requerimiento del Subprocurador general Lucas Furtado, actuando al margen del propio Ministerio Público de Cuentas, debe ser íntegramente rechazado".

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Moro ya ha expresado su deseo de demandar Furtado a través de la nota emitida el viernes (4).

"Queda evidenciado el abuso de poder perpetrado por este procurador del TCU. Pretendo representarlo en los órganos competentes, como ya lo hizo el senador de la República, Alessandro Vieira (Ciudadanía-SE), e igualmente promover acción de indemnización por daños morales", dijo Moro.

Senadores de Podemos, partido de Moro, también presentaron una representación para determinar la presunta comisión del delito de abuso de autoridad por parte del Subprocurador. 

El levantamiento indígena contra las políticas neoliberales del presidente Guillermo Lasso cumple diez días y las protestas se acentúan ante la escalada represiva. Una vez más, el Paro Nacional está protagonizado por el movimiento indígena, organizado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una histórica organización que nuclea a millones de ecuatorianos y ha conseguido con su movilización decenas de cambios legislativos en sus tres décadas de historia y la caída de dos presidentes: Abdalá Bucaram, en 1997, y Jamil Mahuad, en 2000. La Conaie también protagonizó la rebelión más importante contra el expresidente Lenin Moreno, en octubre de 2019, que estuvo cerca de generar la caída del Gobierno. Entonces, una enorme movilización indígena, sindical y universitaria consiguió hacer caer el decreto 883, que eliminaba el subsidio a la gasolina. 

Desde el inicio de las protestas en la noche del 12 de junio, más de 90 personas han sido detenidas, un centenar han resultado heridas y al menos dos personas han muerto a causa de las cargas policiales. Entre ellos, Byron Guatatuca, de nacionalidad kichwa, residente en la comuna de San Jacinto, fallecido por un disparo a quemarropa de la policía en Puyo, en la provincia amazónica de Pastaza. El ejército ha desplegado más de 2.000 efectivos armados alrededor del Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, con un plan trazado para evitar que los manifestantes traspasen los controles de acceso a las principales instituciones del Estado.  

🆘Policías lanzaron gas lacrimógeno sin importar que habían mujeres con niñxs en brazos. Esto ocurrió a las afueras de los centros de ayuda humanitaria. #ParoNacionalEC2022#CIDHesUrgenteEC @esmeraldatroiti @CIDH https://t.co/vxjxi96LeS

— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) June 23, 2022

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunciaba este 23 de junio la utilización de bombas lacrimógenas a las afueras de los centros de ayuda humanitaria “sin importar que hubiera mujeres con niños en brazos”. La plataforma exige la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales” durante el Paro Nacional. Según denuncian, “la fuerza pública detiene a manifestantes y no los entrega a la justicia”. Además de apuntar a la violencia policial que ha causado dos muertos y ha dejado tres heridos en estado crítico, desde la alianza señalan que las diez demandas presentadas por los manifestantes al Gobierno nacional “constituyen exigencias legítimas de cumplimiento de derechos económicos sociales, culturales y ambientales gravemente vulnerados, demandas que han sido constantemente ignoradas por el Gobierno nacional”.

La Conaie acusa al Gobierno de Lasso de “imponer el neoliberalismo y cumplir la agenda del FMI de manera recia, ciega, como un dogma, golpeando sistemáticamente a la población con medidas de ajuste”

Desde estas coalición acusan al presidente Guillermo Lasso de ser “responsable de la injusticia social, del alza de los precios de la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo”, así como de los recortes en educación, sanidad y de la imposición violenta de megaproyectos de minería y petróleo que ponen en “grave riesgo” la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.