Decretan prisión preventiva para dirigente mapuche y Boric reitera voluntad de diálogo y negociación con indígenas
"El gobierno chileno se precipita y no logra entender el contexto del movimiento mapuche", dice el Historiador mapuche Fernando Pairicán
Casi simultáneamente a que el Juzgado de Garantía de Temuco formalizaba este jueves y dejaba preso al dirigente indígena Héctor Llaitul Carrillanca, el presidente chileno Gabriel Boric reiteró por enésima vez que su gobierno tiene la voluntad de alcanzar acuerdos reparatorios con el pueblo mapuche y que está disponible para "dialogar con todo quien sea necesario".
Minutos antes de que Boric se refiriera al arresto anteayer del líder de la organización rebelde Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la jueza Leticia Rivera Reyes comunicaba que acogía la petición de la fiscalía de imputarlo por cinco delitos de hurto de madera, usurpación violenta de terrenos, llamados a la desestabilización del gobierno y atentado contra la autoridad; además de decretar la prisión preventiva por 30 días por considerarlo "un peligro para la seguridad de la sociedad" y por el riesgo de fuga.
La fiscalía sustentó sus acusaciones en fotografías, pruebas periciales balísticas, interceptaciones telefónicas, entrevistas y declaraciones formuladas por aquel, donde reiteradamente incita al sabotaje, a la resistencia armada y la "recuperación territorial".
Mientras tanto, Boric, que estaba de gira en la ciudad de Copiapó, 800 kilómetros al norte de Santiago, proclamaba su intención de negociar con los mapuche y se refería duramente respecto de Llaitul y de quienes optaron por la vía armada.
"Quiero decir de manera clara y firme que en Chile nadie está por sobre la ley y que nuestro gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar hacia una solución de fondo en el conflicto que tenemos en el sur. Que no es sólo por la vía del enfrentamiento, la violencia y la represión, sino que tiene que ver con comunidades postergadas, derechos negados, pueblos despojados", dijo.
"Como gobierno vamos a dialogar con quien sea necesario con la condición de que sea el diálogo, con respuestas concretas, compromisos verificables, con cambios, y no la violencia, el camino a seguir", enfatizó.
Acerca de Llaitul dijo que "ha reiterado de manera pública su nula disposición y de la organización que lidera, de abandonar la vía violenta y por tanto, como corresponde a todo ciudadano, debe responder a la justicia; eso es lo que está sucediendo en nuestro país, estamos haciendo funcionar a las instituciones, porque la violencia no es el camino y quienes quieran seguirlo se van a enfrentar a todo el estado de derecho como corresponde".
Desde el arresto de Llaitul en la "macrozona sur" de Chile o Wallmapu mapuche, donde tiene lugar el conflicto, se sucedieron a lo menos cuatro ataques armados e incendiarios contra camiones, maquinaria, predios forestales y agrícolas, además de cortes de caminos.
También suscitó una vorágine de sucesos y reacciones políticas, con todos los sectores intentando cosechar con oportunismo, histrionismo y también mentiras brutales en el río revuelto de sus implicaciones; buscando impactar a favor y en contra de la ratificación de la constitución chilena en el plebiscito del 4 de septiembre. Por ejemplo, un senador ultraderechista señaló que la nueva carta magna y la justicia indígena que prevé y que no contempla el juzgamiento de delitos penales, Llaitul sería liberado "en cinco minutos"; y otro dando cuenta de los vínculos de la CAM con el "chavismo".
La mayor secuela de los acontecimientos fue la caída de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, tras filtrarse a la prensa que entre las interceptaciones telefónicas al dirigente mapuche, se encontró un audio donde una asesora de aquella hablaba con Llaitul, para solicitarle que atendiera a la funcionaria.

La Jornada
Decretan prisión preventiva para dirigente mapuche
Historiador mapuche Fernando Pairicán
"El gobierno chileno se precipita y no logra entender el contexto del movimiento mapuche"
Con las brasas aún ardientes del arresto y prisión preventiva del dirigente rebelde mapuche Héctor Llaitul Carrillanca, Chile se adentra en la última semana previa al plebiscito constitucional del domingo 4 de septiembre, con las fuerzas del "apruebo" y "del "rechazo", intentando capitalizar aquel hecho. La detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), tal vez la menos radical de las organizaciones rupturistas, es también la expresión más reciente del fracaso del presidente Gabriel Boric en persuadir al mundo indígena a establecer una mesa de diálogo, pese a sus permanentes llamados y a reconocer que desde el Estado hubo un despojo histórico que merece reparación.
En conversación con La Jornada, el historiador de ascendencia mapuche Fernando Pairicán, analiza sus implicaciones.
"Uno nunca comparte la detención de los dirigentes del movimiento mapuche, independiente de que tenga simpatía o no, porque ha sido una constante que sólo ha radicalizado el contexto político en el cual se ha situado el pueblo mapuche bajo el Estado colonial chileno. En ese ámbito no se puede aventurar cuáles van a ser las consecuencias de aquello. Llaitul como figura de una parte del movimiento político autonomista ha vivido la experiencia de la prisión política, esto no es nuevo, es parte de una política que se ha generado sobre esa organización. El contexto distinto es que la CAM no comparte el momento democrático que vive Chile, que es el debate de una nueva constitución y un plebiscito de salida en el cual participa un sector importante del movimiento mapuche".
¿La prisión del líder de la CAM puede generar unidad con otras organizaciones rupturistas?
"El llamado a la unidad se planteó en 2021, en el funeral de Pablo Marchant (un combatiente de la CAM que murió en un enfrentamiento con la policía de Carabineros) donde participaron líderes de orgánicas mapuche que están por la salida política del control territorial y la vía rupturista de la autonomía, pero siguen actuando individualmente. No veo antecedentes de que vaya a suceder, pero es una instancia posible porque el escenario está abierto".
La detención y el plebiscito, ¿cuál estima es la conexión entre estos hechos?
"Llaitul siempre se mostró bien crítico hacia el proceso constituyente y al gobierno de Boric y a los escaños reservados mapuche los maltrató con un discurso bastante violento diciendo que representan un indigenismo trasnochado y parte del círculo del colonialismo. En ese sentido, el escenario no se modifica con su detección, nunca estuvo de acuerdo con el proceso constituyente ni menos con el trabajo que hicieron las y los constituyentes mapuche".
¿La CAM pueda radicalizarse o intentar operaciones a mayor escala?
"La CAM siempre hizo convivir la clandestinidad con sus espacios públicos, es una organización que tiene experiencia en etapas de coerción, esta sería una tercera etapa de clandestinidad, ha vivido la prisión política y la aplicación de leyes de excepción; o sea tiene una experiencia política para revertir este escenario adverso".
¿El dialogo entre gobierno y organizaciones mapuche está clausurado?
"No lo creo, siempre hay instancias de dialogo; (las organizaciones rupturistas) son una expresión del movimiento pero no de su conjunto, otra expresión está en el proceso constituyente que ha demostrado capacidad de diálogo y de conducción para generar una constitución de derechos en el marco de los estatutos internacionales indígenas. La CAM es una voz dentro del pueblo mapuche que con 20 años de historia tiene una validez, pero no son representantes de 100 por ciento de la población mapuche; y ningún movimiento mapuche representa la totalidad de su pueblo, hay una diversidad que se canaliza a través de distintas expresiones políticas y de otras instancias".
¿Por qué no se produce la instalación de ese diálogo, qué lo bloquea?
"Hay falta de comprensión del gobierno sobre el contexto del movimiento mapuche y sus dirigencias, actúa de manera apurada, precipitada, no logra una instancia profunda. Y también la intransigencia en este caso de la CAM. Pero también está la existencia de presos políticos mapuche y eso también dinamita confianzas. El gobierno debe dialogar con los prisioneros políticos mapuche, debe avanzar sobre los legítimos derechos que los pueblos originarios poseen. Ahí hay un debate que la izquierda no ha logrado superar, si reamente va defender la plurinacionalidad o los derechos colectivos o van a ceder frente a la campaña del rechazo".
¿El resultado del plebiscito será determinante?
"En parte, porque la decisión de un sector mapuche de participar en el proceso constituyente muestra la capacidad de tender puentes, pero si gana el rechazo el pueblo mapuche no pierde mucho más de lo que tiene. En cualquiera de las dos condiciones, el pueblo mapuche va seguir luchando en conquistar derechos fundamentales".
¿Una victoria del rechazo radicalizaría a los pueblos indígenas?
"Es probable, porque dinamita la confianza sobre los espacios institucionales. Es un momento histórico que se pierde Chile, no el pueblo mapuche".
Tras el plebiscito se prevé un importante ajuste ministerial, ¿debería el presidente incluir a personas que viabilicen un dialogo de paz?
"Creo que sí. Hay una fecha que se aproxima, en el año 2025 se van a conmemorar 200 años del Tratado de Tapihue (en enero de 1825, el gobierno del naciente Chile independiente y el cacique principal Juan Mariluán, suscribieron el primero de varios acuerdos de paz entre la república y los mapuche), sería un buen momento para reflexionar sobre las relaciones interculturales, reconocer el parlamento como forma de diálogo y avanzar en reconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios.
"Un cambio de gabinete puede dar un espacio y oportunidad para que se incorporen personas que tengan una reflexión mayor sobre los derechos indígenas que no necesariamente lo veo en el gobierno en su plan que llaman "del buen vivir", que es de continuidad de los gobiernos anteriores".
Aldo Anfossi, especial para La Jornada desde Santiago del Chile
Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente la opinión de Diálogos del Sur