Los cubanos festejan hoy el aniversario 61 del triunfo de la Revolución con diversas actividades recreativas en diferentes plazas del país y con el llamado del presidente Miguel Díaz-Canel de celebrar los logros a pesar de las adversidades.

Las tensiones económicas provocadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos mantendrán en alerta al pueblo y gobierno cubanos durante el año que comienza.

Ante ese escenario, el propio mandatario ha llamado a trabajar y pensar como país y a resistir la embestida externa cuyo objetivo es desestabilizar el proceso liderado por Fidel Castro el 1 de enero de 1959.

El ex presidente Donald Trump está bajo investigación criminal por presuntas violaciones de la Ley de Espionaje y por obstrucción de la justicia, reveló la orden judicial que autorizó el cateo de su residencia en Florida el lunes.

Según el recibo oficial de materiales confiscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la revisión de la mansión de Trump, que, junto con la orden judicial de allanamiento, fueron hechos públicos primero en filtraciones a medios y después por un juez federal, se encontraban documentos marcados “ultrasecretos”, “secreto” y “confidencial”.

Los agentes tomaron posesión de un total de 11 series de documentos, donde, además de materiales altamente clasificados, también había archivos relacionados al indulto presidencial de Roger Stone, socio de Trump, material relacionado con el presidente francés, Emmanuel Macron, y fotografías. No se ofreció mayor detalle.

La orden de inspección al ambiente privado del ex mandatario republicano y sus anexos hechos públicos ayer revelaron que la operación de la FBI se realizó porque el Departamento de Justicia tiene evidencia de lo que se llama “causa probable” contra Trump de presuntos delitos relacionados con la Ley de Espionaje de 1917, la cual prohíbe la posesión no autorizada de información oficial que podría “dañar” a Estados Unidos o ser útil a sus adversarios. También gira en torno a potenciales violaciones a otras dos leyes federales que califican de delito ocultar o destruir documentos para obstaculizar una pesquisa jurídica y de retirar de manera indebida documentos oficiales.

La noche del jueves, el ex mandatario declaró que no se opondría a la divulgación pública de la orden de cateo ni la lista de materiales confiscados, pretendiendo ser campeón de la transparencia, y reiteró este viernes que él estaba más que dispuesto a cumplir con cualquier solicitud para entregar los expedientes a las autoridades, y que era innecesaria la operación de la FBI. No mencionó que él tenía la capacidad de divulgar la orden y la lista desde el lunes.

En un comunicado ayer, Trump no sólo subrayó que no se ameritaba el cateo, sino que todos los documentos ya habían sido desclasificados. Esto ya es eje de otro debate, ya que los presidentes tienen la autoridad de desclasificar documentos. Sin embargo, algunos señalan que no puede hacerlo con todos, especialmente con aquellos con la más alta clasificación, mientras otros preguntan cuándo y cómo desclasificó, si es cierto, los que fueron confiscados en la irrupción a su residencia. Más aún, bajo la Ley de Espionaje podría ser irrelevante, ya que no define si los documentos que protege son o no clasificados.

Y como es su costumbre, en el mismo boletín informativo atacó a otros, en este caso su antecesor, declarando que “el problema mayor es, ¿que harán con las 33 millones de páginas de documentos, muchos de los cuales son clasificados, que el presidente (Barack) Obama se llevó a Chicago?”

También, como suele ser el caso con sus declaraciones, esta acusación es falsa: la administración de los Archivos Nacionales, depositario de documentos oficiales presidenciales, confirmó a The New York Times que Obama no se quedó con ninguno de sus documentos, tal como se establece la ley.