Trump continuó usando todo esto para recaudar fondos, con una de sus organizaciones políticas, Save America, enviando un correo que decía: “les advertimos que esto sucedería… Cuando van contra él, en verdad vienen detrás de ustedes… El presidente Trump nunca dejará de trabajar para salvar a Estados Unidos, pero necesita saber si cuenta con tu apoyo”.
Sin embargo, desde que se empezó a revelar la posibilidad de que el archimillonario tenía en su posesión documentos secretos que podrían tener graves implicaciones de seguridad nacional, de repente se han reducido y en algunos casos silenciado, las iniciales protestas y denuncias furiosas de legisladores y otros políticos republicanos.
Por su parte, el presidente del Comité de Inteligencia de la cámara baja, el demócrata Adam Schiff, emitió una declaración en la que afirmó que “si los reportes son precisos y el contenido entre estos documentos incluyen alguna de la información más altamente clasificada de nuestro gobierno… eso explicaría mucho sobre por qué el Departamento (de Justicia) y la FBI tomaron el paso de obtener una orden de cateo para recuperar el material documental”.
La Ley de Espionaje de 1917 que está al centro de esta pesquisa contra el ex mandatario en este caso es la misma que el gobierno de Trump usó para acusar y perseguir al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en 2019. El gobierno de Barack Obama la empleó en una ofensiva sin precedente contra funcionarios de inteligencia y servidores públicos que filtraron información clasificada a periodistas, incluyendo a Chelsea Manning y Edward Snowden.
Y para sumar más ironías, fue Roy Cohn, el gran mentor de Trump y la mano derecha del senador anticomunista Joe McCarthy (el del “macartismo’), quien participó como un fiscal en el proceso de enjuiciar y ejecutar a Julius y Ethel Rosenberg en los años 50 acusados de violar esa misma Ley de Espionaje.
Mientras, hay versiones de que el sitio digital ultraderechista Breit-bart publicó los nombres de los agentes de la FBI que realizaron el cateo de la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, y que fue el propio Trump o sus cómplices quienes filtraron la orden de cateo sin tachar los nombres de los agentes a ese sitio. Esto, después de que esta misma semana un hombre armado vinculado a fuerzas ultraderechistas intentó ingresar a las oficinas de la FBI en Cincinnati, Ohio, y donde la oficina ha emitido alertas sobre un incremento de amenazas de violencia contra sus agentes esta semana.
En otro frente, Trump sufrió otro golpe más en el ámbito legal esta semana cuando un juez estatal de Nueva York negó desechar el caso criminal contra la empresa de la familia Trump, la Organización Trump, y su ex jefe financiero Allen Weisselberg, con lo que procederá por ahora un juicio en otoño. La empresas y el jefe de finanzas fueron formalmente acusados el año pasado por haber maniobrado para obtener mayor compensación y evadir impuestos. Los imputados solicitaron que el asunto fuera sobreseído argumentando que era un asunto políticamente motivado, El juez rechazó ayer ese argumento.
David Brooks, corresponsal de La Jornada en Nueva York
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