Agencia Bolivia en Resistencia (ABR)

Bolivia: después del golpe, el gobierno de ocupación promueve el asedio a la prensa libre

La ministra de Comunicación del gobierno de facto, Roxana Lizárraga, llegó al extremo de acusar de sedición a reporteros nacionales y extranjeros

Si el rol de la policía y el ejército fue clave para consumar el golpe de Estado en Bolivia, hoy el gobierno de facto recurre a otro método para dar un viso de legalidad a la ruptura del orden constitucional: la censura.

Ataques a la prensa, persecución política contra periodistas, suspensión de la señal a televisoras extranjeras y hasta amenazas a los comunicadores con enjuiciarlos por sedición, son hechos cotidianos en el país sudamericano desde que el 10 de noviembre el presidente Evo Morales fue obligado a renunciar.

De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos la represión de las fuerzas conjuntas policiales y militares dejó hasta el momento más de 30 muertos, unos 800 heridos y una cifra superior a mil 500 detenidos.

Una realidad que, según el politólogo argentino Juan Manuel Karg, no se refleja en la prensa. 'Los medios bolivianos no muestran a los muertos, ni sus historias, ni las condiciones en las que perecieron. Argumentan que las Fuerzas Armadas actúan para garantizar el orden interno del país', afirma el analista.

Masacres como las de la localidad de Sacaba, en Cochabamba, o la de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde murieron más de una decena de personas, en su mayoría por disparos de armas de fuego, fueron presentadas por los medios corporativos como supuestos combates entre manifestantes y policías.

'Fuego cruzado entre cocaleros y Fuerzas Armadas deja al menos seis muertos', era el título publicado por el diario Página Siete al referirse a los sucesos en Cochabamba.

En el artículo 'El rol de la prensa adicta al gobierno de facto', el también especialista en Estudios Sociales Latinoamericanos opina que en Bolivia hay una fuerte manipulación mediática para justificar la asonada golpista.

Advirtió Karg que se ha tratado de instalar la idea de que quienes protestan contra el golpe de Estado son 'bandas de delincuentes pagados', no se habla de 'represión', sino de 'enfrentamientos', y a las autoridades golpistas se les llama 'gobierno de transición'.

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Periodista herido

Ocupación violenta de los medios públicos y comunitarios

Después de la ruptura del hilo democrático, medios públicos como el canal Bolivia TV y la radioemisora Red Patria Nueva fueron ocupados de manera violenta por grupos opositores, quienes amenazaron al personal y los obligaron a abandonar sus puestos de trabajo.

La radio Comunidad, dirigida por la Confederación Sindical Unificada de Trabajadores Rurales, fue invadida por manifestantes, quienes ataron a un árbol a su director, José Aramayo.

La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez intervino el periódico estatal 'Cambio', fundado durante el Gobierno del presidente Evo Morales, le quitó el nombre y destituyó a su dirección periodística.

En el canal televisivo Abya Yala (América) sus trabajadores también sufrieron agresiones y amenazas y las transmisiones fueron interrumpidas por varios días.

Sólo en las horas posteriores al golpe, la Asociación Nacional de la Prensa reportó 76 agresiones contra periodistas, que van desde amenazas en línea e intimidación, hasta agresiones físicas, robos de equipo y despidos.

Con el objetivo de silenciar a las víctimas de la represión e invisibilizar la protesta social, se generó una fuerte persecución contra los medios, sobre todo de aquellos que se dedicaron a transmitir los hechos ocurridos en el país.

Asedio y persecución de periodistas, incluso extranjeros

La ministra de Comunicación del gobierno de facto, Roxana Lizárraga, llegó al extremo de acusar de sedición a reporteros nacionales y extranjeros que cubrían el conflicto social.

'Se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, en algunos casos bolivianos o extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana', afirmó Lizárraga.

Periodistas argentinos de Telefe Noticias, TN y América sufrieron todo tipo de asedio por parte de las nuevas autoridades y de manifestantes favorables al gobierno de Áñez, quienes los acusaron de terroristas e infiltrados.

Rolando Andrade y Mariano García, de la cadena televisiva Telefe, denunciaron que durante la cobertura tras el golpe de Estado fueron amenazados y su vida estuvo en peligro.

La persecución al equipo periodístico comenzó a partir de una entrevista que García hiciera al jefe del comité cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sobre la ausencia del orden institucional y del estado de derecho en Bolivia.

'Una vez consumado el golpe y tras la autoproclamación de Áñez, vino la maquinaria comunicacional para justificar cada acción del gobierno de facto, a la vez de crearse un cono de silencio muy fuerte en torno a la resistencia y los asesinatos', señaló, por su parte, Marco Teruggi, quien también cubrió las protestas populares en Bolivia.

Advirtió el corresponsal en Venezuela para Telesur, Página 12 y Sputnik, que después de la ruptura institucional el único espacio comunicacional permitido es aquel dirigido a reproducir el discurso de la dictadura.

Ello explica la decisión de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Bolivia (Entel) de sacar del aire a la cadena multinacional Telesur.

'Antes dijeron que tenían problemas técnicos. Es evidente, la censura no acepta eufemismos. Seguiremos informando, ratificamos nuestro compromiso', declaró la directora de Telesur, Patricia Villegas.

La cadena multinacional ha tenido un rol fundamental en dar a conocer al mundo lo sucedido en Bolivia, la represión contra las manifestaciones populares y los intentos de las nuevas autoridades por legalizar el golpe de Estado.

Otro canal de noticias Rusia Today también dejó de emitir desde Bolivia, luego que la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), determinara retirar su señal a partir del 2 de diciembre.

'Es inaceptable que los medios se conviertan en rehenes de una coyuntura política volátil. Sus derechos deben garantizarse independientemente de cómo cubran los eventos políticos nacionales', aseveró la vocera de la cancillería rusa, María Zajarova.

Analistas opinan que para conocer la verdad de lo ocurrido en Bolivia, es mejor recurrir a las redes sociales y a los medios extranjeros y alternativos, que a los propios diarios nacionales.

Miles de videos, fotos, comunicados y denuncias de dirigentes políticos y sociales circulan en facebook, Twitter y otros canales.

En tanto, un grupo de periodistas y comunicadores bolivianos en la clandestinidad, con apoyo de colegas de otros países de la región, decidieron crear la Agencia Bolivia en Resistencia (ABR) como una herramienta para denunciar el golpe de Estado y las violaciones de los derechos humanos.

*Carmen Esquivel, Editora jefa de Prensa Latina

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