Gobierno de Chile

Piñera acusa golpe de imagen y pide auxilio a ONU por situación de derechos humanos

A casi una semana desde que el viernes 18 comenzaron las protestas, el saldo es de 18 muertos, 376 heridos (173 por disparos) y 2 mil 128 detenidos

El gobierno chileno acusó hoy el golpe que a su imagen internacional está causando el alzamiento social gatillado hace seis días en la capital y que se extendió a todo el país, sin atisbo de detenerse, y solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) el envío de observadores que constaten la situación de los derechos humanos, tras evidencias de que las fuerzas policiales y militares están cometiendo abusos sistemáticos. 

El canciller Teodoro Ribera dijo que el presidente, Sebastián Piñera, se comunicaría directamente con la Alta Comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para solicitarle la presencia de verificadores. Ribera negó que corra riesgo la realización en Santiago de dos grandes reuniones internacionales (APEC y COP 25) previstas para noviembre  y diciembre. “Seguimos adelante con la planificación de las cumbres, pero lógicamente adecuándose a las circunstancias”, dijo.    

Bachelet contestó de inmediato vía Twitter: “Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los #DerechosHumanos en #Chile. Parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión de @UNHumanRights”, publicó.

A casi una semana desde que el viernes 18 comenzaron las protestas, el saldo es de 18 muertos, 376 heridos (173 por disparos) y 2 mil 128 detenidos.

El pedido se produjo luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció la presentación de querellas criminales por la muerte de cinco personas a manos de militares y de carabineros, por impactos de bala, golpizas masivas y por atropello con vehículo militar; ocurridas en las ciudades de La Serena, Santiago, Coquimbo, Talcahuano y Curicó.

EL director del INDH, Sergio Micco, encabezó una inspección a comisarías y hospitales para constatar el estado de los detenidos y heridos. “El INDH ha registrado relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante horas”, dijo.

Los ministros de Defensa y de Justicia, Alberto Espina y Hernán Larraín, respectivamente, en  conferencia de prensa defendieron irrestrictamente y justificaron las actuaciones de los uniformados.

Pero hay testimonios impactantes de las vejaciones que han sufrido jóvenes en las comisarías. Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, explicó que han presentado 37 querellas y 9 recursos de amparo. Además de las cinco por homicidios, hay 8 por violencia sexual y 24 por apremios ilegítimos o torturas.

“Hemos conocido también cinco casos de desnudamientos a mujeres y uno perpetrado contra un niño que se encontraba detenido junto a su tío. Además tomamos conocimiento de casos de mujeres víctimas de amenazas de violación, una por parte de militares, y otra por carabineros que incluso le practicaron tocaciones”, agregó.

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El pedido se produjo luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció la presentación de querellas criminales

Sin visos de solución

El conflicto social detonado en Chile continúa activo y en lo inmediato no se visualiza una salida, en parte porque la movilización no tiene rostros que la lideren, por lo tanto el gobierno no tiene interlocutores. Las multitudinarias marchas transcurren sin discursos, solo consignas, cánticos y manifestaciones de diversidad cultural y social, expresiones de alegría y también de la ira acumulada y que ha estallado. No hay banderas de los partidos políticos, pero sí de los clubes de fútbol o de colectivos sociales alternativos.

La clase política, desacreditada y despreciada por la ciudadanía, es vista como el símbolo viviente de la corrupción y de los privilegios, ejemplificados por los cerca de 12 mil dólares mensuales que se embolsan diputados y senadores, más una suma similar para gastos operativos, en un país donde 80% de la población tiene ingresos mensuales inferiores a los  800 dólares y donde el 1% más rico se apropia de la mitad del PIB. Hay parlamentarios que ejercen ininterrumpidamente desde 1990 y buscan continuar; además  en sus regiones controlan alcaldes, concejales y jefes de servicios, configurando redes de clientelismo electoral y de negocios.

Cualquier parlamentario o dirigente político que pretendiera, por ejemplo, marchar junto a los manifestantes, de ser reconocido, arriesga ser repudiado y expulsado.

Daniel Mansuy, director del centro de estudios Signos, de la conservadora Universidad de los Andes, dice que es evidente la  desconexión que la gente siente de la elite que toma decisiones. “Esa es la parte fundamental del problema: hay una clase dirigente —y esto no toca solo a la clase política— que vive en otro país, en otra realidad, y que no tiene la más mínima empatía ni ganas de comprender que para la gente 30 pesos(0.04 centavos de dólar, equivalente el alza en el transporte que gatillo la protesta) es mucho dinero, que Santiago es muy caro y cuesta mucho moverse, que no hay pensiones dignas, que la salud es mala o es cara. A la elite, como vive en una situación muy cómoda, esa realidad le cuesta mucho verla", dijo en una entrevista.

Una encuesta de la consultora Activa Research efectuada entre el martes 22 y el miércoles 23 a 2 mil 90 personas, muestra que 83.6% está de acuerdo o muy de acuerdo con las manifestaciones de los últimos días; que 84% comparte totalmente las motivaciones (sueldos de los trabajadores, precios de los servicios básicos, pensiones y desigualdad económica, según identifican). El 50.3% cree que las manifestaciones son mayoritariamente pacíficas y 46.2% que son más actos delictivos y vandálicos. El 72% rechaza la violencia.

El gobierno, en un intento de dar señales de normalización, ha comenzado a reducir las horas del toque de queda, de acuerdo a la situación de las ciudades en donde se aplica.

Para este viernes, cuando se cumpla una semana de las protestas, se está convocando por redes –sin convocantes  a una manifestación en el centro de Santiago bajo la consigna “la marcha más grande de Chile”, que pretende reunir a más de un millón de personas.


*Aldo Anfossi, Especial para La Jornada, desde Santiago

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